I.1 Deuda, COVID-19 y equidad en un mundo cambiado

El año en que todas las reglas fiscales se pusieron en pausa

En 2020, el PIB real boliviano cayó cerca de 8,7% (Sección F.2) y el déficit fiscal alcanzó Bs 32.075,9 millones (Sección B.3) —una cifra que, hasta ese momento, solo se vería superada por los déficits posteriores a la caída del precio del gas—. Bolivia no fue un caso aislado: gobiernos de todo el espectro ideológico, desde los más ortodoxos hasta los más heterodoxos, expandieron su gasto público, ampliaron su deuda y toleraron déficits que, en cualquier año anterior a 2020, habrían sido considerados fiscalmente irresponsables. La pregunta que esta sección final plantea no es si esa respuesta fue correcta —casi ningún economista la cuestiona retrospectivamente como medida de emergencia—, sino qué aprendizaje permanente deja para el diseño de la política fiscal después de la emergencia.

Una pregunta que la pandemia hizo inevitable: ¿deuda para qué y para quién?

La respuesta fiscal a la pandemia reabrió, con una urgencia que la teoría convencional de la deuda pública rara vez enfrenta, una pregunta que esta materia trató desde ángulos distintos en las Secciones B, C y G: cuando el Estado se endeuda o emite dinero para financiar un gasto extraordinario, ¿quién se beneficia de ese gasto y quién termina, en última instancia, pagando su costo?

La respuesta convencional de la teoría de las finanzas públicas —resumida en el concepto de sostenibilidad fiscal— se concentra en si la trayectoria de la deuda es o no compatible con la capacidad futura de pago del Estado, medida generalmente contra el crecimiento de la economía. Pero la pandemia añadió una dimensión distributiva que esa pregunta técnica no captura por sí sola: los sectores más golpeados por la crisis sanitaria y económica de 2020 —trabajadores informales sin ningún colchón de ahorro, pequeños negocios sin acceso a crédito de emergencia— fueron, en la mayoría de los países, los que menos capacidad tuvieron de beneficiarse de los programas de alivio fiscal diseñados apresuradamente, mientras que la factura de la deuda contraída para financiar esos programas se reparte, en el futuro, entre toda la población, incluidos quienes menos se beneficiaron de ella en el momento de la crisis.

Dos lecturas de un mismo replanteamiento

Esta pregunta final de la materia admite, otra vez, las dos lecturas que se cruzaron a lo largo de todo el curso. Desde la lectura de Evers (Sección A), la respuesta fiscal boliviana a la pandemia —financiada, en gran parte, con el mismo mecanismo de financiamiento monetario creciente que la Sección C.3 documentó con datos reales— confirma, con un ejemplo extremo, la fragilidad estructural de un Estado periférico: sin acceso fácil a mercados de deuda externa en condiciones favorables (a diferencia de las economías centrales, que pudieron financiar sus propios paquetes de estímulo a tasas de interés históricamente bajas en sus propios mercados de capital), Bolivia recurrió de forma más intensiva al señoriaje —exactamente el mecanismo cuyo costo inflacionario futuro la Sección G.1 formalizó—.

Desde la lectura neoclásica de las fallas de mercado (Sección B), la pandemia es, en cambio, el caso más claro posible de una falla de mercado genuina que justifica la intervención estatal sin ambigüedad: ningún mercado privado podía, por sí solo, coordinar una respuesta sanitaria y económica a una externalidad negativa de escala global (el contagio) combinada con un shock de demanda agregada sin precedentes recientes —el argumento estabilizador de la Sección B.2, llevado a su expresión más extrema—.

Ninguna de las dos lecturas es, por sí sola, una explicación completa: la primera explica por qué el margen de maniobra fiscal boliviano fue más estrecho que el de una economía central; la segunda explica por qué, aun con ese margen estrecho, la intervención estatal fue la respuesta correcta y no una opción evitable. El replanteamiento de la política fiscal que exige un mundo pos-pandémico —y que la Unidad Didáctica de esta materia identifica explícitamente como su cierre— consiste, precisamente, en diseñar reglas fiscales capaces de sostener una respuesta de esa magnitud en la próxima crisis, sin que el costo de esa respuesta recaiga, de forma desproporcionada, sobre quienes menos se beneficiaron de ella.

Preguntas para pensar

• A lo largo de esta materia, Evers y la teoría neoclásica de las fallas de mercado ofrecieron explicaciones distintas para el mismo conjunto de hechos bolivianos —la nacionalización de 2006 (Sección A), la Renta Dignidad (Sección B.2), el financiamiento monetario creciente (Secciones C.3 y G.1), y ahora la respuesta fiscal a la pandemia—. Si tuvieras que diseñar, hoy, una regla fiscal boliviana que redujera el riesgo de la próxima crisis sin depender de ningún marco teórico único, ¿qué elementos tomarías de cada una de las dos lecturas, y en qué punto seguirían siendo irreconciliables?