D.1 Impuestos, tasas y contribuciones especiales

Dos recibos que se parecen y no son lo mismo

Un hogar boliviano típico recibe, en el mismo mes, una factura de compra con el 13% de IVA incluido, una boleta de la tasa municipal de aseo urbano, y quizás una contribución especial de mejoras por la pavimentación de su calle. Los tres son pagos obligatorios al Estado, y los tres suelen llamarse, informalmente, "impuestos". Pero el Código Tributario Boliviano (Ley 2492) los distingue con precisión jurídica, y esa distinción no es un tecnicismo: determina, entre otras cosas, a qué puede destinarse legalmente cada recaudación.

Tres tributos, tres hechos generadores distintos

El Código Tributario Boliviano define primero el género —tributo— y luego sus tres especies. El género es amplio y deliberadamente independiente de cualquier contraprestación: "son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines" (Art. 9.I). A partir de ahí, la diferencia entre las tres especies está precisamente en si existe o no una contraprestación estatal identificable y en qué consiste:

Impuesto (Art. 10): "tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente". Quien paga el IVA no recibe, a cambio de ese pago específico, ningún servicio estatal individualizado — financia el gasto público en general.

Tasa (Art. 11.I): tributo cuyo hecho generador es "la prestación de servicios o la realización de actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo", siempre que ese servicio sea de recepción obligatoria y esté reservado al sector público por tratarse de un ejercicio de autoridad. La tasa de aseo urbano se paga PORQUE existe un servicio municipal identificable prestado a ese contribuyente en particular.

Contribución especial (Art. 12): tributo "cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades estatales", con la condición legal explícita de que "su producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras". La contribución de mejoras por la pavimentación de una calle solo puede gastarse en esa obra —o en obras de la misma naturaleza—, nunca en gasto corriente general.

Esta última condición —el destino específico del dinero recaudado— es la diferencia práctica más importante entre una contribución especial (o una tasa) y un impuesto: el impuesto financia el presupuesto general sin ninguna atadura; la tasa y la contribución especial están legalmente atadas al servicio o la obra que las originó.

Precio privado, público y político: cuando el Estado cobra sin ser tributo

No todo cobro del Estado es un tributo. Cuando una empresa pública vende un bien o servicio en condiciones similares a las de un mercado competitivo —por ejemplo, el pasaje de un tren estatal cobrado a precio de mercado— se habla de PRECIO PRIVADO: el Estado actúa como cualquier otro oferente, y el Código Tributario lo excluye explícitamente de la categoría de tasa (Art. 11.II: "no es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado").

Cuando el Estado presta un servicio en condiciones monopólicas —sin competencia posible, porque la naturaleza del servicio lo impide (agua potable, por ejemplo)— y cobra un monto que cubre el costo pero sin la lógica de maximización de beneficios de un monopolio privado, se habla de PRECIO PÚBLICO. Y cuando el Estado cobra por un servicio esencial a un precio deliberadamente por debajo del costo de provisión —por razones de política social o de acceso universal, como ocurre con ciertas tarifas subvencionadas de electricidad o agua para consumo básico— se habla de PRECIO POLÍTICO: la diferencia entre el costo y el precio cobrado la absorbe el presupuesto público, convirtiéndose de hecho en un subsidio.

Preguntas para pensar

• Si el producto de una contribución especial solo puede destinarse legalmente a la obra que la originó, ¿qué pasaría con el financiamiento de esa obra en un municipio donde muy pocos contribuyentes pagan a tiempo? ¿Por qué un impuesto general, en cambio, no tiene ese mismo problema de financiamiento atado a una sola fuente?