B.2 Las funciones redistributiva y estabilizadora

Un ingreso que no depende de haber cotizado nunca

Desde 2008, la Renta Dignidad (creada por la Ley 3791) entrega una pensión no contributiva a todo boliviano mayor de 60 años, haya trabajado en el sector formal o nunca haya cotizado a un sistema de pensiones. Se financia, en parte, con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) —el mismo impuesto que la Sección A.3 conectó con la nacionalización de 2006— y con las utilidades de empresas públicas.

Esta política no corrige ninguna de las fallas de mercado vistas en B.1: el mercado de trabajo boliviano puede funcionar de forma razonablemente competitiva y, aun así, dejar a una persona que trabajó toda su vida en el sector informal —sin aportar a ningún fondo de pensiones— sin ingreso alguno en la vejez. ¿Qué justifica, entonces, que el Estado intervenga incluso cuando no hay una falla de mercado que corregir?

La función redistributiva: la eficiencia no dice nada sobre quién recibe qué

La eficiencia en el sentido de Pareto —el criterio que organiza toda la Sección B.1— es compatible con cualquier distribución del ingreso, por desigual que sea. Un mercado puede asignar los recursos exactamente donde deberían estar, sin ningún desperdicio, y aun así dejar a una parte de la población con ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas: la eficiencia describe si el pastel se hornea del tamaño correcto, no cómo se reparte. Por eso la redistribución del ingreso es, para la teoría neoclásica, una segunda justificación de la intervención estatal —completamente independiente de las fallas de mercado— y no un caso especial de ellas.

La Renta Dignidad encaja exactamente en esta lógica: no pretende corregir ninguna falla de mercado laboral, sino redistribuir directamente parte del ingreso fiscal (proveniente, en última instancia, de la renta de los hidrocarburos) hacia un grupo de la población —los adultos mayores sin pensión contributiva— que el mercado, funcionando con toda su eficiencia, no tiene ningún mecanismo para atender.

La función estabilizadora: cuando la falla no está en un mercado sino en toda la economía

Hay una sexta falla de mercado —distinta de las cinco que analiza el resto del capítulo— que no ocurre dentro de un mercado específico, sino en la economía como un todo: el desempleo masivo y las recesiones que han acompañado periódicamente a las economías capitalistas durante los últimos dos siglos. A diferencia de un monopolio en el mercado del cemento o una externalidad en el mercado de la minería, el desempleo generalizado no tiene un único mercado "culpable" al que se le pueda aplicar una corrección puntual —es, precisamente por eso, la falla que exige un tratamiento macroeconómico propio, y no una simple extensión del análisis microeconómico de B.1.

Bolivia experimentó una versión concreta de este problema entre 2014 y 2016, cuando el precio internacional del gas natural —principal producto de exportación del país en ese momento— cayó de forma abrupta, reduciendo drásticamente los ingresos fiscales provenientes del sector hidrocarburífero. La respuesta de política económica no fue dejar que el ajuste recayera enteramente sobre el nivel de actividad y el empleo, sino sostener el gasto público con reservas internacionales acumuladas en los años de bonanza —una política fiscal deliberadamente contracíclica—, evitando así una recesión de la magnitud que el shock externo hubiera provocado si el Estado no hubiera amortiguado la caída del ingreso nacional.

Preguntas para pensar

• Financiar la Renta Dignidad con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos vuelve a esa política dependiente de un recurso cuyo precio internacional es volátil —el mismo precio que provocó la crisis de 2014-2016 analizada arriba—. ¿Qué tensión aparece entre sostener una función redistributiva permanente (una pensión que no debería desaparecer) con un ingreso fiscal que, por su propia naturaleza, no es permanente?