Ascenso y crisis del régimen del MAS-IPSP y de la economía del gas

"Héroes del Chaco": la nacionalización como cierre de un ciclo

El presidente Evo Morales Ayma, el mismo dirigente que en septiembre de 2003 lanzó el ultimátum que viste en E.3, asumió la presidencia el 22 de enero de 2006, apenas dos años y medio después de la caída de Sánchez de Lozada. El 1 de mayo de ese mismo año, Morales firmó el Decreto Supremo 28701, bautizado simbólicamente 'Héroes del Chaco' en homenaje a los soldados bolivianos de la guerra que viste en C.3, y ordenó al Ejército ocupar los campos gasíferos administrados por empresas extranjeras. El decreto no expropiaba directamente las instalaciones, pero exigía a las petroleras firmar nuevos contratos en 180 días, bajo condiciones mucho más favorables para el Estado: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) recuperaba el control mayoritario de la cadena productiva, y el reparto de ingresos de los campos más grandes pasaba a ser de aproximadamente 82% para el Estado y 18% para las empresas.

Esta medida se apoyó en un instrumento fiscal creado apenas un año antes, bajo el gobierno interino de Carlos Mesa: el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), aprobado en la Ley de Hidrocarburos 3058 de mayo de 2005, tras el referéndum vinculante de julio de 2004 en el que la mayoría de los bolivianos votó a favor de recuperar la propiedad estatal del gas en boca de pozo. La nacionalización de 2006 no fue, entonces, una ruptura sin antecedentes: fue la culminación de un proceso que, como viste en E.3, ya venía siendo exigido en las calles desde 2003.

El auge (2006-2014): la renta del gas financia un nuevo modelo

Durante casi una década, la combinación de mayor participación estatal y precios internacionales de los hidrocarburos en alza generó un excedente fiscal sin precedentes en la historia boliviana reciente. Bolivia exportaba gas natural principalmente a Brasil (mediante un contrato de larga data, vigente desde 1999) y a Argentina, cuya demanda energética creciente encontró en el gas boliviano una fuente cercana y relativamente barata.

Esa renta financió un conjunto de transferencias sociales directas —el Bono Juancito Pinto (2006, para niños escolares), la Renta Dignidad (2008, pensión universal para adultos mayores) y el Bono Juana Azurduy (2009, para madres gestantes y niños pequeños)— además de un sostenido programa de inversión pública en infraestructura. El propio régimen político del MAS-IPSP construyó buena parte de su legitimidad y de su base social sobre esta capacidad de redistribuir directamente la renta del gas, un uso del excedente hidrocarburífero bastante distinto del que caracterizó a los ciclos anteriores de este módulo (la plata del siglo XIX, el estaño de la primera mitad del XX).

La crisis: reservas que no se renuevan, mercados que se achican

El propio modelo de la nacionalización de 2006 contenía una tensión de fondo que se manifestaría plenamente una década después: al reducir drásticamente la rentabilidad esperada para las empresas petroleras, el nuevo régimen contractual desincentivó la exploración de nuevos yacimientos. Bolivia siguió produciendo intensamente desde los campos ya descubiertos, sobre todo San Alberto, Sábalo y Margarita, en Tarija, pero sin reponer reservas al mismo ritmo. Los certificados de reservas probadas y probables, que en 2005 se estimaban en más de 26 billones de pies cúbicos (TCF), cayeron sostenidamente en la década siguiente.

A esta caída de la oferta física se sumó, después de 2014, el desplome de los precios internacionales de los hidrocarburos, que redujo directamente el valor de cada metro cúbico exportado. Brasil, el principal comprador, aceleró el desarrollo de sus propios yacimientos de petróleo en aguas profundas ('pre-sal'), reduciendo progresivamente sus compras de gas boliviano; Argentina, por su parte, desarrolló el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, uno de los más grandes del mundo en gas de esquisto, y dejó de depender del gas importado de Bolivia. Hacia los años 2020, Bolivia, el país que en 2006 nacionalizó su gas bajo la consigna de que 'el gas nos pertenece por derecho', llegó a importar gas licuado de petróleo (GLP) para abastecer su propio mercado interno, en un giro que hubiera sido difícil de imaginar en el momento del Decreto 'Héroes del Chaco'.

Preguntas para pensar

• El régimen del MAS-IPSP construyó buena parte de su legitimidad sobre la renta del gas. ¿Qué esperarías que le pasara a la legitimidad de un gobierno cuando esa renta específica empieza a agotarse? ¿Es un problema exclusivo de Bolivia, o lo ves en otros países dependientes de un recurso natural específico?
• En octubre-noviembre de 2019, en medio ya de esta crisis económica del modelo gasífero, Bolivia vivió una crisis política mayor tras unas elecciones disputadas que terminaron con la renuncia de Evo Morales. Existen lecturas muy distintas y todavía debatidas de ese episodio: algunos lo describen como un golpe de Estado, otros como la reacción a un fraude electoral. ¿Qué tipo de evidencia necesitarías revisar para formarte una opinión informada al respecto, más allá de la narrativa que escuchaste primero?
• Compara el ciclo completo de este módulo: la plata del siglo XIX (Sección A-B), el estaño de la primera mitad del XX (Sección C-D), y el gas de las últimas dos décadas (Sección E-F). ¿Qué patrones se repiten en cada 'ciclo' de un recurso natural boliviano (auge, concentración de poder, crisis) y qué es genuinamente distinto en el caso del gas?