Las guerras del gas y del agua

Dos guerras, un mismo patrón: el agua y el gas como propiedad de todos

Entre enero y abril de 2000, la ciudad de Cochabamba vivió la primera de las dos grandes insurrecciones populares que cerrarían el ciclo neoliberal boliviano. En 1999, el gobierno había concesionado el servicio de agua potable de la ciudad a Aguas del Tunari, un consorcio liderado por la empresa estadounidense Bechtel, bajo la Ley 2029. Las tarifas subieron drásticamente, en algunos casos más del 100%, y la ley llegó a interpretarse como una restricción incluso al uso de pozos y sistemas de riego campesinos preexistentes. La 'Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida', liderada por el fabril Óscar Olivera, organizó bloqueos y protestas masivas que, tras la muerte del joven Víctor Hugo Daza por disparos policiales, obligaron al gobierno de Hugo Banzer a rescindir el contrato y expulsar a Aguas del Tunari del país en abril de 2000.

Tres años después, en septiembre-octubre de 2003, un conflicto de escala mucho mayor, la Guerra del Gas, derrocó directamente al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El detonante fue un proyecto para exportar gas natural boliviano licuado (LNG) a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno. En ambos casos, el patrón se repite: una decisión tomada desde arriba sobre un recurso considerado propiedad colectiva (el agua, el gas), impuesta sin consulta real a la población, terminó en una movilización tan masiva que ningún gobierno pudo sostenerla.

Un proyecto energético con un problema geográfico irresoluble

El proyecto Pacific LNG, heredado del gobierno de Jorge Quiroga y asumido por Sánchez de Lozada, buscaba exportar gas boliviano licuado a Estados Unidos, con México como destino alternativo. El obstáculo central era logístico: Bolivia no tiene salida al mar. La opción peruana implicaba tender ductos a través de toda la cordillera de los Andes, a un costo prohibitivo; la opción chilena, aunque técnicamente más viable, permitía una conexión directa con los yacimientos de Tarija, chocaba con el rechazo histórico de buena parte de la población boliviana hacia Chile, heredero de la pérdida del acceso soberano al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1883).

El gobierno intentó ocultar durante meses cuál sería finalmente el puerto elegido, sabiendo que anunciar la opción chilena generaría un rechazo político inmediato. Cuando finalmente, el 19 de septiembre de 2003, Sánchez de Lozada admitió públicamente que el gas debía exportarse, ya era demasiado tarde para contener la reacción. La frialdad con la que los propios ejecutivos del consorcio manejaban la sensibilidad histórica boliviana quedó documentada en una frase citada por el viceministro de Hidrocarburos: los empresarios de LNG, ante el planteamiento de la centenaria disputa marítima con Chile, habrían respondido que 'no es mi problema que ustedes hayan tenido una guerra hace 120 años'.

"El gas nos pertenece por derecho": el ultimátum de Evo Morales

A mediados de septiembre de 2003, el reclamo por el gas se unificó con otras demandas sociales (contra un impuesto catastral en El Alto, por la coca, contra el ingreso de Bolivia al ALCA) bajo una sola consigna que unificaba prácticamente y simbólicamente a los manifestantes: 'El gas nos pertenece por derecho, recuperarlo e industrializarlo es un deber'. El diputado cocalero Evo Morales, entonces líder del MAS y todavía a dos años de convertirse en presidente, planteó el 19 de septiembre un ultimátum directo al gobierno.

El reclamo tenía también un componente cuantitativo, explícito en las críticas de la oposición parlamentaria: el diputado Jerjes Justiniano denunció que el proyecto de exportación 'solo beneficiaría a las transnacionales, que con su exportación como materia prima en diez años se embolsarán 21.000 millones de dólares; en cambio, el país en ese mismo período solo recibirá un máximo de 1.400 millones de dólares'. Sea o no exacta esa proyección específica, el reclamo de fondo, que Bolivia recibía una fracción mínima del valor de su propio recurso natural, fue el argumento central que unificó a campesinos aymaras, vecinos de El Alto y sectores de clase media detrás de la Coordinadora de Defensa y Recuperación del Gas.

Dos lógicas frente al gas: la técnica empresarial y la propiedad colectiva

El conflicto por la exportación del gas se entiende contrastando dos lógicas que casi no se tocaban.

La lógica técnico-empresarial. El viceministro Requena atribuye a los ejecutivos del consorcio Pacific LNG la frase «No es mi problema que ustedes hayan tenido una guerra hace 120 años» al explicar por qué la salida al mar no debía condicionar la elección del puerto. Para el consorcio, el puerto era una decisión técnica y comercial.

La lógica de la propiedad colectiva. Morales, el 19 de septiembre de 2003, plantea un ultimátum: el gas no debía ser vendido ni por Chile ni por Perú, sino primero industrializado en Bolivia; de lo contrario, «se deben radicalizar las medidas de presión porque esta es una lucha de vida o muerte».

Para unos, el puerto era un problema de costos; para otros, una cuestión de soberanía, de historia y de quién se queda con el excedente del recurso. La distancia entre ambas lógicas explica por qué una decisión que parecía técnica terminó en insurrección.

Preguntas para pensar

• Un ejecutivo del consorcio Pacific LNG respondió, ante la objeción de exportar el gas por puerto chileno, que 'no es mi problema que ustedes hayan tenido una guerra hace 120 años'; Evo Morales, en cambio, exigió un ultimátum al gobierno para que el gas no se vendiera 'ni por Chile ni por Perú'. Usando ambas voces, construye una explicación de por qué la Guerra del Gas de 2003 no fue solo un conflicto sobre precios o regalías, sino que reactivó directamente una herida histórica (la pérdida de la costa en la Guerra del Pacífico, 1879) que para el consorcio extranjero era irrelevante y para buena parte de la población boliviana no lo era en absoluto — ¿qué explica esa distancia entre ambas percepciones?
• La frase 'no es mi problema que ustedes hayan tenido una guerra hace 120 años' muestra una distancia enorme entre la lógica técnico-empresarial del consorcio y la memoria histórica de la población boliviana. ¿Qué otros ejemplos conoces, en Bolivia o en otros países, donde un proyecto económico ignoró este tipo de factores históricos o culturales, con consecuencias políticas serias?
• Evo Morales, protagonista del ultimátum de septiembre de 2003, sería elegido presidente apenas dos años después. ¿Qué tan directa crees que fue la relación entre su papel en la Guerra del Gas y su ascenso al poder? Vas a poder responder con más precisión después de ver F.1.
• ¿Por qué crees que la consigna 'recuperarlo e industrializarlo', no solo 'no exportarlo', resultó tan poderosa para unificar a sectores tan distintos (campesinos aymaras, vecinos de El Alto, clase media urbana)?