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LabEco › Historia Económica de Bolivia › La nueva oligarquía, las transnacionales y las políticas neoliberales

Módulo 10 · Sección E · Tema 2

La nueva oligarquía, las transnacionales y las políticas neoliberales

En 1986, un consultor que había trabajado para el Banco Mundial en Washington fue nombrado gerente general de la empresa eléctrica estatal boliviana. Diez años después, la misma empresa fue capitalizada y entregada a un socio extranjero. ¿Casualidad, o el mismo proceso visto en dos momentos distintos?

De Washington a ENDE: una carrera que no es casualidad

En 1986, Jean Claude Besse Arze, quien había trabajado como consultor para el Banco Mundial y vivía en Washington, fue convocado por el presidente Víctor Paz Estenssoro para ser gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la eléctrica estatal boliviana. Su currículum, el conocimiento técnico adquirido en el Banco Mundial, sumado a una red de contactos personales con familias bolivianas que también vivían en Washington, fue exactamente lo que el nuevo gobierno neoliberal buscaba para gestionar sus empresas públicas.

Una década después, en 1995, esa misma empresa, ENDE, fue una de las seis grandes empresas estatales bolivianas 'capitalizadas': dividida en partes, con el 50% de las acciones entregado a un socio extranjero que se hacía cargo de la gestión, y el otro 50% distribuido nominalmente entre la ciudadanía boliviana. El camino que siguió Jean Claude Besse, del Banco Mundial a la gerencia estatal, y de ahí a la privatización parcial de la misma empresa, no es un caso aislado: es el patrón que define a toda una generación de la nueva oligarquía boliviana.

Los nombres detrás del ajuste: confianza personal, no solo mérito técnico

Orellana Aillón documenta, a través de decenas de entrevistas directas a los propios protagonistas, cómo se seleccionó a los funcionarios que dirigieron las principales empresas y ministerios económicos entre 1985 y 1989. El patrón se repite: además de credenciales técnicas reales, lo decisivo eran las redes de confianza personal —amistades de familia, estudios compartidos en el extranjero, matrimonios, membresía en las mismas asociaciones empresariales— entre los nuevos gobernantes del MNR y los círculos empresariales tanto bolivianos como extranjeros.

El caso de Fernando Illanes de la Riva es especialmente claro: presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) hasta 1985, fue nombrado embajador en Washington gracias a sus vínculos personales con ejecutivos de empresas petroquímicas estadounidenses como la National Distillers Mechanic Corporation, vínculos que, según su propio testimonio, le permitieron ser presentado a senadores estadounidenses clave para los intereses bolivianos. Dos años después, esos mismos vínculos con inversionistas y empresarios norteamericanos fueron el criterio explícito para nombrarlo Ministro de Energía e Hidrocarburos.

Cita textual
«Mis vínculos con ellos [National Distillers] fueron muy fuertes durante mi estadía en Washington de Embajador y durante la primera vez que fui Ministro de Energía.»

Fernando Illanes de la Riva, citado en Lorgio Orellana Aillón — Resurgimiento y caída de la gente decente: Un sendero en la formación de una clase-etnia dominante en Bolivia (1940-2003) (La Paz: Muela del Diablo Editores, 2016) (2006), p. 205. Entrevista de Orellana Aillón a Fernando Illanes de la Riva, La Paz, octubre de 2006.

De la gerencia estatal a la capitalización: el ciclo completo

El caso de Jean Claude Besse en ENDE, que abre este tema, se completó una década después con la 'capitalización', el mecanismo específicamente boliviano de privatización aplicado entre 1994 y 1996 bajo el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. A diferencia de una venta directa, la capitalización dividía en dos a cada empresa estatal: la mitad de las acciones se entregaba a un 'socio estratégico' extranjero, que a cambio se comprometía a invertir y asumía la gestión operativa completa; la otra mitad quedaba nominalmente en manos de todos los ciudadanos bolivianos mayores de edad al momento de la ley, cuyos dividendos alimentarían más adelante una renta llamada Bonosol.

Seis grandes empresas estatales pasaron por este proceso: YPFB (petróleo y gas, dividida en varias empresas menores), ENDE (electricidad), ENTEL (telecomunicaciones), ENFE (ferrocarriles), Lloyd Aéreo Boliviano (aerolínea) y la Empresa Metalúrgica Vinto (fundición de estaño). En cada una de ellas, los mismos círculos de confianza que Orellana Aillón documenta para el período 1985-89, vínculos personales entre la nueva oligarquía boliviana y empresas transnacionales, explican en buena parte quién terminó gestionando, desde adentro, cada proceso de capitalización específico.

Cita textual
«Por norma constitucional, los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos.»

Ley de Hidrocarburos N.° 1689 (30 de abril de 1996), Art. 1 — citada en Carlos Villegas Quiroga, Privatización de la Industria Petrolera en Bolivia: Trayectoria y efectos tributarios (1996), p. 72 (3.ª ed., 2004). Texto citado según la edición de Villegas Quiroga (FOBOMADE/CIDES-UMSA/DIAKONIA/CEDLA, 3.ª ed., 2004).

Cita textual
«[el TITULAR puede] realizar actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en el Área de Contrato bajo los términos y condiciones de este Contrato, mediante el cual el TITULAR adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo (...)»

Decreto Supremo N.° 24806 (4 de agosto de 1997), Cláusula Tercera — citado en Carlos Villegas Quiroga, Privatización de la Industria Petrolera en Bolivia: Trayectoria y efectos tributarios (1997), p. 74 (3.ª ed., 2004). Texto citado según la edición de Villegas Quiroga (FOBOMADE/CIDES-UMSA/DIAKONIA/CEDLA, 3.ª ed., 2004).

Tres capas de una misma privatización: la ley, el contrato y las redes

La capitalización de la industria de hidrocarburos puede leerse en tres planos que no se contradicen, pero dicen cosas distintas.

La ley. El artículo 1 de la Ley 1689 (1996) declara los yacimientos de hidrocarburos «del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado» y dispone que ninguna concesión o contrato pueda conferir su propiedad.

El contrato. El Decreto Supremo 24806 (1997) establece, en cambio, que el titular «adquiere el derecho de propiedad de la producción que obtenga en Boca de Pozo». Lo inalienable es el yacimiento; lo que se transfiere es lo extraído.

Las redes. Illanes, citado por Orellana Aillón, reconoce que sus vínculos con National Distillers «fueron muy fuertes» durante su paso por Washington como embajador y por el Ministerio de Energía. Muestra cómo las decisiones se apoyaban en relaciones personales entre dirigentes del Estado y empresas.

La ley protege el recurso en el suelo, el contrato entrega lo que sale del pozo, y las redes explican por qué el contrato era de ese tipo: la propiedad formal se conserva mientras el control económico se desplaza.

Preguntas para pensar

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