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Módulo 10 · Sección D · Tema 1

Catavi, Villarroel y la Tesis de Pulacayo: el camino armado hacia 1952

El 21 de diciembre de 1942, el Ejército disparó contra una multitud de mineros y sus familias en la pampa de Catavi. Diez años después, esos mismos mineros armados fueron decisivos para derrotar al Ejército boliviano en abril de 1952. ¿Qué pasó en esa década para que la balanza de las armas cambiara de bando?

María Barzola y la pampa que lleva su nombre

El 21 de diciembre de 1942, en la pampa de Catavi, hoy llamada oficialmente Pampa María Barzola, el Ejército boliviano disparó contra una multitud de trabajadores mineros y sus familias que reclamaban el pago de sus salarios. El saldo reconocido oficialmente por la propia empresa fue de diecinueve muertos (entre ellos cuatro mujeres, una de ellas María Barzola, esposa de un peón de la sección Animas) y cuarenta heridos; las cifras extraoficiales son bastante más altas.

La Masacre de Catavi es, para buena parte de la historiografía boliviana, el 'punto de torsión' donde las grietas del poder oligárquico se hicieron visibles para todo el país, mucho más allá del estrecho mundo minero. Diez años después de esa masacre, en abril de 1952, mineros armados de Milluni y San José fueron decisivos para que el mismo Ejército que había disparado en Catavi capitulara frente al pueblo insurrecto. Este tema recorre esa década: cómo un pueblo desarmado que enterraba a sus muertos en 1942 se convirtió, en apenas diez años, en la fuerza armada que derrotó al Estado oligárquico.

Por qué en 1942: guerra mundial, precios del estaño y una huelga prohibida

El conflicto de Catavi se venía gestando desde septiembre de 1942, cuando el Sindicato de Oficios Varios de Catavi elevó un pliego a la Patiño Mines & Enterprise Consolidated (PMECI) exigiendo un aumento del 100% en los salarios por el alza del costo de vida, una demanda que el sindicato justificó, además, señalando los mayores ingresos que la empresa recibía por el alza internacional del precio del estaño. La Segunda Guerra Mundial había convertido al estaño boliviano en una materia prima estratégica para el abastecimiento bélico de los Aliados, lo que llevó al Gobierno boliviano a prohibir las huelgas en los sectores productivos considerados esenciales para ese esfuerzo: la misma guerra que encarecía la vida de los mineros era la que, paradójicamente, les prohibía reclamar por ello.

La PMECI se negó a negociar, argumentando primero que la huelga era ilegal por decreto y, después, que el conflicto obedecía 'principalmente a la influencia de elementos agitadores'. El 18 de diciembre el Gobierno disolvió el sindicato de Catavi por no contar con personería jurídica; la huelga, que ya se había extendido a Llallagua, Uncía, Siglo XX y Cancañiri, continuó de todos modos. El 21 de diciembre por la mañana, una multitud, enardecida en particular por el cierre de las pulperías de la empresa, que dejó a las familias sin crédito para alimentos durante toda una semana, se congregó frente al sindicato de Catavi. Entre quienes expresaron mayor furia por ese cierre estaban las mujeres. La multitud, dispersada por las fuerzas del coronel Cuenca, se congregó de nuevo, y fue entonces cuando el Ejército abrió fuego.

Villarroel: el 'tata de los indios' que los mineros no pudieron salvar

La masacre de Catavi tuvo un efecto político inmediato: partidos como el PIR (Partido de Izquierda Revolucionaria) y el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) usaron los debates parlamentarios sobre la masacre para deslegitimar al sistema de dominación oligárquica, la 'rosca', y aparecer como los portadores de las reivindicaciones de los trabajadores 'del subsuelo'. El 20 de diciembre de 1943, casi exactamente un año después de la masacre, un golpe de Estado llevó al poder al mayor Gualberto Villarroel, sostenido por una alianza entre el MNR y un grupo de militares nacionalistas organizados en la logia RADEPA. El nuevo gobierno fue recibido con alborozo por buena parte del movimiento minero, que esperaba recuperar las ideas modernizadoras y populistas del breve 'socialismo militar' de Toro y Busch (1936-1939), truncadas por el suicidio de Busch en 1939.

La relación entre Villarroel y los mineros fue, sin embargo, contradictoria hasta el final. En el Tercer Congreso de la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), celebrado en Catavi a comienzos de 1946, la retórica sindical fue abiertamente anticapitalista y crítica del gobierno; pero en la práctica, la conducta de la dirección minera fue mucho más conciliadora, defendiendo activamente a Villarroel frente a sus opositores. El 21 de julio de 1946, una insurrección popular urbana terminó con el linchamiento del presidente, colgado de un farol en la Plaza Murillo de La Paz. En las minas, la noticia no generó alivio sino desamparo: se declararon huelgas, se asaltaron puestos de policía y patrullas del Ejército en busca de armas, y varios mineros intentaron trasladarse a La Paz en un intento desesperado, aunque finalmente frustrado, de defender a quien consideraban 'el tata de los indios' y 'el amigo de los mineros'.

Pulacayo, noviembre de 1946: 'hemos acordado hacernos respetar por nuestras propias fuerzas'

Cuatro meses después del linchamiento de Villarroel, en circunstancias excepcionales (con el MNR perseguido y virtualmente desarticulado, y el precio del estaño en caída, lo que ponía en riesgo el cierre de varias minas), se celebró en Pulacayo el Primer Congreso Extraordinario de Trabajadores Mineros. El documento más conocido salido de ese Congreso, la llamada Tesis de Pulacayo, fue redactado por Guillermo Lora, del trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR): definía a Bolivia como una formación social ya capitalista, no feudal, como sostenían otras lecturas, y de ahí extraía la capacidad revolucionaria del proletariado minero boliviano para encabezar, de forma combinada e ininterrumpida, tanto la revolución democrática como la socialista. La Tesis insistía en la necesidad del armamento obrero y en la ocupación de las minas como respuesta a cualquier cierre patronal.

El ambiente del Congreso queda documentado en las propias palabras de sus dirigentes. Terceros, dirigente de las minas de Telamayu, declaró que los trabajadores 'estaban en pie de una guerra civil'; incluso se llegó a formar un 'Ejército Proletario' bajo el mando de Abelardo Melgar, un militante del MNR, en el campamento de Asillani. Mario Torres, alto dirigente de la FSTMB, resumió el espíritu del Congreso ante una asamblea en el teatro del ingenio de Santa Ana.

Cita textual
«En el congreso de Pulacayo ha sido acordado y decretado el fin de la rosca. También se acordó apoderarse de las minas en caso de cierre con la colaboración de todos, los mineros de Bolivia (...) nosotros los mineros que formamos la integridad nacional, hemos acordado en el congreso de Pulacayo hacernos respetar por nuestras propias fuerzas.»

Mario Torres (FSTMB) — Discurso en el teatro de Santa Ana, Oploca, citado en Gustavo Rodríguez Ostria, El socavón y el sindicato (La Paz: ILDIS, 1991) (1946), p. 91 (epígrafe del capítulo 3). Discurso pronunciado el 10 de noviembre de 1946 en Santa Ana (Oploca).

Cita textual
«Estamos en pie de una guerra civil.»

Terceros (dirigente minero, Compañía Aramayo, Telamayu), citado en Gustavo Rodríguez Ostria — El socavón y el sindicato (1946), p. 134

La primera prueba de la Tesis: la derrota de Oploca (1946-1947)

La Tesis de Pulacayo tuvo su primera prueba real casi de inmediato, y el resultado no fue el esperado. Desde noviembre de 1946 la Compañía Agrícola y Minera Oploca de Bolivia, de capital chileno, vinculada al consorcio de Simón Patiño y a la mina de San José, venía anunciando su intención de cerrar operaciones. Siguiendo al pie de la letra las recomendaciones de Pulacayo, los mineros de Siete Suyos y del ingenio de Santa Ana ocuparon las instalaciones y se organizaron para resistir el cierre por la fuerza, con la promesa de apoyo de toda la FSTMB.

El apoyo prometido nunca llegó en la magnitud necesaria: solo los sindicatos de Pulacayo y Catavi enviaron donaciones, y únicamente el primero se comprometió a un paro de solidaridad. Conforme se acercaba la fecha del cierre, el 4 de febrero de 1947, la desmoralización cundió en el campamento. El propio administrador de la empresa, John Worcester, quien meses antes había escrito a sus superiores que no veía 'otro futuro que la revolución abierta de los mineros de todo el país', terminó por informar con optimismo que 'nuestros trabajadores (...) son de opinión que la huelga ha sido mal manejada por sus líderes y por Lechín. Ellos están convencidos de que ellos han sido los perdedores'. Mil cuatrocientos trabajadores abandonaron Oploca sin mayores incidentes en trenes especiales. El propio Guillermo Lora, autor de la Tesis, tuvo que reconocer meses después, en el siguiente Congreso Minero, que la estrategia debía ser 'dar un paso atrás sin perder de vista el objetivo', un lenguaje muy alejado de la contundencia de Pulacayo.

La contradicción no terminó ahí. En enero de 1947, apenas semanas después de que la Tesis de Pulacayo llamara a rechazar la vía electoral por 'burguesa', una alianza entre el POR y la FSTMB (el Frente Único Proletario, FUP) obtuvo victorias electorales contundentes en las provincias mineras: Guillermo Lora fue elegido diputado por Uncía-Llallagua con 2.587 votos contra apenas 663 del segundo candidato. Como el propio Lora admitiría después con notable honestidad autocrítica, buena parte de los mineros 'confundieron' la Tesis de Pulacayo con el programa reformista del MNR, prueba de que la sofisticación teórica del documento no siempre coincidía con lo que la base minera efectivamente entendía y respaldaba.

El programa y el diagnóstico: dos voces desde las minas

Dos testimonios de dirigentes mineros permiten ver cómo se vivía el momento.

El programa. Mario Torres, de la FSTMB, resumió en 1946 lo acordado en Pulacayo: «el fin de la rosca», apoderarse de las minas en caso de cierre, y «hacernos respetar por nuestras propias fuerzas». Es la expresión de un proyecto: qué querían los mineros y cómo pensaban lograrlo.

El diagnóstico. Terceros, dirigente minero de la Compañía Aramayo en Telamayu, dijo: «Estamos en pie de una guerra civil». No enuncia un programa, sino una lectura de la situación: el clima de confrontación en el que se movían.

El programa y el diagnóstico son complementarios: uno dice qué se quería y el otro, cuán cerca se creía estar del enfrentamiento. La derrota de Oploca mostró la distancia entre la radicalidad del documento y la capacidad real de sostenerlo.

Preguntas para pensar

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