La masacre de Uncía de 1923 y el fin temprano de la FOCU

Cinco semanas de vida, cuatro muertos en la plaza

El 1 de mayo de 1923, en un comicio popular, los trabajadores de Uncía y Llallagua fundaron la Federación Obrera Central de Uncía (FOCU), la organización que viste nacer en C.1. Su directorio quedó en manos de trabajadores comunes del pueblo minero: Guillermo Gamarra, carpintero de la empresa La Salvadora, como presidente; Gumercindo Rivera, peluquero, como vicepresidente; y otros seis vocales entre sastres, zapateros y un tipógrafo.

Apenas un mes más tarde, el 4 de junio de 1923, una multitud se congregó en la plaza de Uncía para exigir la liberación de Gamarra y Rivera, detenidos tres días antes bajo un 'Estado de Sitio' decretado por el Gobierno. La respuesta fue un disparo, y luego varios más: el saldo oficial fue de cuatro muertos y catorce heridos. La FOCU, que tan solo unas semanas antes se había fundado 'con fines de patriotismo, lucha y solidaridad obrera', quedó desarticulada antes de cumplir un año de vida.

Lo que realmente pedía la FOCU: no era solo el salario

La conformación de la FOCU puso en tensión de inmediato a las gerencias y aparatos administrativos de las dos empresas de Uncía y Llallagua. El pliego que sus dirigentes presentaron exigía, en primer lugar, la expulsión del gerente chileno de la Llallagua, la separación de tres serenos considerados 'instrumentos ciegos' de la gerencia, y la restitución de siete trabajadores despedidos por ser adherentes de la Federación. El 14 de mayo, en una nota dirigida al presidente Bautista Saavedra, se amplió la demanda con un punto adicional: el reconocimiento oficial de la propia FOCU.

Este último punto, pese a quedar relegado a un quinto lugar en el pliego, era el verdadero centro del conflicto. Lo que los mineros de Uncía y Llallagua exigían en esa coyuntura no era, en el fondo, un aumento salarial o un mejor funcionamiento de las pulperías: su objetivo nítido era el derecho mismo a la organización. Las empresas se negaron a negociar con la FOCU, calificando a sus dirigentes de 'elementos extraños' al mundo minero, en clara referencia a que varios de ellos, como Gamarra, tenían trayectoria previa en el Centro de Estudios Sociales, una entidad de izquierda urbana de Oruro, y el Gobierno respondió reforzando militarmente la región con 500 hombres entre caballería, infantería y batallón técnico.

La represión, el exilio de los dirigentes y el fin de la Federación

El 1 de junio de 1923, bajo el amparo del Estado de Sitio, se procedió a la detención de Gamarra y Rivera junto al abogado Gregorio Vicenti y al juez Silverio Saravia, acusados de colaborar con la FOCU. Al día siguiente, la plaza de Uncía se llenó de gente que pedía la libertad de los presos; el lunes 4, alrededor de las cinco de la tarde, un disparo, que Rivera, uno de los propios dirigentes, atribuyó a un plan premeditado de las empresas, desató la respuesta armada. Un informe reservado de la época, dirigido a Simón Patiño en París, deja constancia de la orden explícita: el mayor Ayoroa, jefe de las fuerzas militares apostadas en el lugar, 'ordenó que se disparara contra la multitud'. El saldo oficial fue de cuatro muertos y catorce heridos.

La represión no terminó ahí. Con la organización descabezada, la empresa ofreció a los dos dirigentes máximos de la FOCU facilidades económicas para viajar a Chile; el 4 de diciembre de 1923 el presidente y el vicepresidente de la Federación abandonaron sus funciones y entregaron a la gerencia toda la documentación de la organización, una fuga que, según el propio Rodríguez Ostria, la empresa aprovechó de inmediato 'para eliminar (...) al espeso sedimento de los federados', despidiendo a dieciséis trabajadores de la mina y veinte del ingenio. En 1924 las dos empresas de Uncía y Llallagua se fusionaron en la Patiño Mines Enterprises Consolidated Inc. (PMECI); su sucesora sindical, la Federación Obrera de la PMECI, fue finalmente disuelta por el propio Gobierno en 1926. Recién en 1927, tras una nueva ronda de protestas por el cobro arbitrario de multas durante el carnaval, el Ministerio de Gobierno y Justicia aprobó, el 21 de abril, los estatutos de una nueva 'Liga' de trabajadores en Uncía: una organización tolerada y asistencialista, muy distinta de la FOCU combativa de 1923.

Una fuente de la empresa, una lectura del historiador

La masacre de Uncía se conoce sobre todo por dos tipos de fuente que no hablan igual.

El historiador. Rodríguez Ostria subraya que, aunque el pliego de la FOCU incluía demandas salariales, el punto relegado al quinto lugar «da la verdadera tónica del conflicto»: lo que los mineros exigían era «el derecho a la organización». Y añade que la empresa aprovechó la coyuntura «para eliminar al espeso sedimento de los federados».

El informe de la empresa. La única fuente directa conocida sobre la masacre es un informe reservado dirigido a Simón Patiño, que registra que el mayor Ayoroa «ordenó que se disparara». Es un documento escrito desde el lado empresarial, para el dueño, y no desde el lado de las víctimas.

La lectura del historiador explica por qué la federación era intolerable para la empresa; el informe muestra cómo se resolvió ese conflicto. Leídos juntos, dejan ver que la violencia no respondió a una demanda salarial, sino a la existencia misma de una organización obrera.

Preguntas para pensar

• El testimonio directo del momento ('el mayor Ayoroa... ordenó que se disparara') documenta el instante exacto de la violencia; Rodríguez Ostria, por su parte, analiza tanto lo que realmente exigían los mineros como lo que ocurrió después: la Compañía Estañífera de Llallagua aprovechó la masacre para eliminar 'al espeso sedimento de los federados' de la FOCU. Usando ambas fuentes, construye una explicación de por qué la masacre de Uncía no fue solo un hecho de violencia puntual, sino que sirvió a un objetivo empresarial concreto y duradero — ¿qué cambió, en términos de poder sindical, entre antes y después de enero de 1923?
• ¿Por qué crees que el reconocimiento de una organización sindical —y no solo el salario— resultó tan amenazante para la empresa y el Estado como para justificar, a sus ojos, una represión con muertos?
• Los propios dirigentes de la FOCU terminaron aceptando dinero de la empresa para exiliarse. ¿Qué te dice esto sobre las presiones reales que enfrentaba un dirigente sindical minero en 1923, más allá del heroísmo o la traición como categorías simples?
• Compara este caso con la rebelión de Zárate Willka (B.4) y la represión de los mineros de Colquechaca tras la Guerra Federal (B.3). ¿Qué patrón se repite en las tres historias sobre cómo el Estado boliviano respondió a la organización popular, sin importar quién estuviera en el gobierno?