La actualización del estado colonial de castas y la servidumbre indígena desde 1825

Una igualdad proclamada, una servidumbre que sigue en pie

Bolivia nació en 1825 con el mismo lenguaje que toda independencia republicana de la época: igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, fin de las jerarquías coloniales. La Constitución de 1868 lo repitió de forma explícita, estableciendo que ningún servicio personal podía exigirse sino por ley expresa.

Y sin embargo, durante generaciones después de esa Constitución, miles de familias indígenas del Altiplano y los valles siguieron obligadas al pongueaje: trabajar varios días a la semana, sin salario, para el patrón de la hacienda donde vivían, a cambio de una parcela de tierra para su propia subsistencia. La abolición legal del pongueaje recién llegó con la Revolución Nacional de 1952, más de un siglo después de la independencia.

¿Cómo convive, durante tanto tiempo, una declaración formal de igualdad con una práctica tan claramente desigual? Este tema busca esa respuesta, no en la hipocresía individual de tal o cual gobernante, sino en cómo se organizó económicamente el nuevo Estado boliviano.

Lo que cambió de nombre, no de estructura

Como viste en Sociología Económica (E.4), el tributo indígena colonial sobrevivió a la independencia bajo el nombre de 'contribución indigenal', porque el nuevo Estado dependía fiscalmente de él. La servidumbre personal, el trabajo forzado, no solo el pago en dinero o especie, siguió una lógica parecida: la abolición formal chocaba una y otra vez con la necesidad económica concreta de las haciendas, el Estado y la Iglesia de contar con esa fuerza de trabajo sin pagar su costo de mercado.

Esto no fue un descuido legal ni una excepción aislada: fue un patrón sostenido durante más de medio siglo de vida republicana.

El pongueaje: qué obligaba exactamente

El pongueaje (de 'pongo', el sirviente indígena) era un sistema de servicio personal obligatorio: el colono de una hacienda, a cambio del uso de una parcela de tierra insuficiente para vivir de ella, debía trabajar gratuitamente para el patrón varios días a la semana (habitualmente unos cuatro), y turnarse además en el servicio doméstico directo en la casa del patrón, incluso fuera de la hacienda, en la ciudad.

No era, formalmente, esclavitud, el colono no era propiedad del patrón, y conservaba en teoría el uso de su parcela, pero tampoco era un contrato libre entre partes iguales: el colono no podía negarse sin arriesgarse a perder el acceso a la tierra de la que dependía su familia para subsistir. Rafael Reyeros documentó este sistema en detalle en 1949, en un estudio que, según reconoce la propia historiografía boliviana, influyó directamente en las leyes de abolición del pongueaje que siguieron a 1952.

Correo, cuartel e iglesia: la servidumbre no vivía solo en la hacienda

El pongueaje en las haciendas es la cara más conocida de la servidumbre republicana, pero no fue la única. El propio Estado boliviano, a través del correo, el Ejército y la Iglesia, dependió durante décadas del mismo trabajo indígena forzado que decía haber abolido.

El servicio de correo es el caso más documentado. Desde 1827 el gobierno decretó que las comunidades indígenas debían turnarse como *postillones*: cargar la correspondencia oficial a pie o con animales propios, a menudo por rutas de varios días, a cambio de una remuneración que en la práctica casi nunca llegaba o llegaba tarde. Cuando en 1872, tras la caída de Melgarejo, se redactó un nuevo reglamento postal 'moderno', incluía todavía una segregación explícita: los pasajeros pagaban por su alojamiento en las postas, mientras que los indígenas *chasquis* debían dormir fuera del edificio sin pagar, pero también sin techo propio.

La Iglesia y el Ejército hacían lo mismo por su cuenta. Párrocos empleaban a mujeres indígenas como *mitani* (sirvientas domésticas) y exigían trabajo gratuito en la construcción y mantenimiento de sus parroquias; oficiales del Ejército obligaban a comunarios a la 'limpieza de cuarteles' y otros servicios no remunerados, pese a que ya en 1826 el Parlamento había amenazado con 200 azotes al soldado que hiciera trabajar gratis a un indígena. El patrón se repite con obstinación durante todo el siglo: una ley prohíbe el servicio forzado, la práctica continúa, llegan quejas, se dicta un nuevo decreto que repite la prohibición casi con las mismas palabras, y la práctica continúa otra vez.

El caso de la comunidad de San Pedro, cerca de La Paz, muestra la escala real del problema hacia el final del gobierno de Mariano Melgarejo (1864-1871): cada semana debía poner a disposición del Gobierno 13 *pongos* (sirvientes personales) para el Palacio de Gobierno, la Prefectura, la Policía y el comandante general; además, cuando el Ejército salía de cuartel, la comunidad tenía que reunir alimentación, armas, instrumentos musicales, 100 burros para el transporte y 50 indígenas adicionales. En 1868 los comunarios de San Pedro se quejaron directamente ante Melgarejo, recordándole estos servicios permanentes; la petición no tuvo éxito, aunque sí logró que sus tierras quedaran excluidas de una venta forzosa ese mismo año.

Tres años después, ya caído Melgarejo, el diputado y escritor Nataniel Aguirre, el mismo que años más tarde escribiría *Juan de la Rosa*, propuso ante el Parlamento abolir de una vez todos los servicios personales que el Estado y la Iglesia exigían a los indígenas. La propuesta no prosperó: demasiadas instituciones y personas particulares se beneficiaban, cómodamente y sin costo, del trabajo de aymaras y quechuas.

Una sola pregunta, tres capas de explicación

¿Por qué la ley formal no bastó? La respuesta completa no cabe en una única explicación: cada una de las tres fuentes ilumina un nivel distinto del mismo problema.

La capa estructural. Choque Canqui ubica la causa de fondo en lo heredado: la servidumbre «no podía ser fácilmente extinguida por razones políticas, sociales y económicas heredadas de la colonia». Esa herencia no es una costumbre abstracta, sino una forma de organizar la producción —la hacienda que entrega una parcela a cambio de trabajo gratuito— de la que dependían tanto el patrón como la propia familia colona.

La capa institucional. Gruner baja a la práctica concreta: el correo, el cuartel, la iglesia y la administración regional se servían del trabajo indígena gratuito. El Estado que prohibía el servicio personal era, a la vez, su beneficiario: de ahí la imagen de «encomendar las gallinas al zorro». Ya no se trata de una herencia general, sino de intereses institucionales concretos que se reproducen decreto tras decreto.

La capa ideológica. El informe de de la Riva (1885) muestra cómo se justificaba la continuidad: presumir «capacidad para contratar servicios» en quien «vive en la mas oscura ignorancia» equivalía a declararlo incapaz de pactar libremente y, por lo tanto, apto para seguir sirviendo. La justificación no explica el hecho; lo vuelve aceptable.

Ninguna capa reemplaza a las otras. Sin la estructura heredada, las instituciones no tendrían de dónde obtener ese trabajo; sin el interés institucional, la estructura no se renovaría con cada nueva ley; y sin la justificación ideológica, la práctica difícilmente habría resistido la contradicción con la igualdad que el propio Estado proclamaba.

Preguntas para pensar

• Choque Canqui explica que la servidumbre indígena no podía extinguirse fácilmente por razones 'políticas, sociales y económicas heredadas de la colonia'; Gruner documenta cómo, en la práctica concreta, fue el propio Estado (correo, cuartel, iglesia) el que reincidió una y otra vez en el trabajo forzado que prohibía por ley; y de la Riva, en 1885, todavía defendía esa continuidad alegando que los indígenas prestaban el servicio 'con gusto y por costumbre'. Usando los tres autores, construye una explicación de por qué la ley formal fracasó sistemáticamente durante casi un siglo — ¿qué papel específico juega cada uno en esa explicación: la estructura heredada, el interés institucional concreto, o la justificación ideológica?
• ¿Qué otros ejemplos conoces, en Bolivia o en otro país, donde una ley formal de igualdad convive durante mucho tiempo con una práctica social claramente desigual?
• ¿Por qué crees que le tomó al Estado boliviano más de un siglo pasar de la proclama de igualdad de 1825 a la abolición efectiva del pongueaje en 1952? ¿Qué tuvo que cambiar en el poder político para que eso fuera posible?
• ¿Cómo se conecta este tema con lo que viste en Sociología Económica sobre 'la gente decente' (Módulo 3, Sección G)? ¿Qué papel jugaba la servidumbre indígena en sostener el nivel de vida de esa clase-etnia dominante?
• El caso de San Pedro muestra a una comunidad completa sosteniendo, semana tras semana, al Gobierno central, la Policía y el Ejército con trabajo no remunerado. ¿Por qué crees que ni siquiera un Estado tan débil como el boliviano de esa época pudo prescindir de esa fuerza de trabajo gratuita, pese a las leyes que la prohibían?